El uso excesivo e innecesario de la fuerza —incluidos medios letales— por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la índole estaba presente en toda la región, especialmente en Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, Estados Unidos, Honduras, México, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. En muchos casos, la fuerza se empleaba de forma desproporcionada y con un sesgo racista. En Brasil, al menos 394 personas murieron violentamente en operaciones policiales que tuvieron sitio entre julio y septiembre en los estados de Bahía, Río de Janeiro y São Paulo, mientras que el gobierno seguía sin adoptar medidas para reducir la violencia policial, incluido el uso de cámaras corporales.
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Las autoridades de varios países, como Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México y Perú, no respetaban ni protegían los derechos de las personas migrantes y refugiadas, lo que incluía negarles el derecho a solicitar inclusa. En Estados Unidos, tras el fin de la política sobre inmigración conocida como Título 42, se implementaron nuevas medidas en materia de migración que seguían limitando drásticamente el llegada al hospicio en la frontera con México.
Permite el marcado permanente y de alta precisión en una amplia serie de materiales, como metales, plásticos, cerámica y vidrio.
Las autoridades deben chocar de forma urgente los posesiones de la crisis climática en los derechos humanos, impulsando la acto climática a escalera regional. Los países industrializados y los de altas emisiones en la región deben tomar la iniciativa en la mitigación climática, lo que incluye detener las subvenciones a los combustibles fósiles here y la expansión de su producción. Los gobiernos deben avalar asimismo la protección de los pueblos indígenas y los defensores y defensoras de los derechos humanos que hacen campaña en cortesía de la Ecuanimidad climática y los derechos ambientales.
En Brasil, Justicia Integral señaló que, en promedio, 3 personas defensoras habían perdido la vida de forma violenta cada mes en los 4 abriles anteriores. Honduras presentaba —en relación con su población— la cifra más alta del mundo de personas defensoras de los derechos humanos asesinadas, según datos de General Witness. En julio, un miembro de la comunidad hondureña de Guapinol murió por disparos efectuados a plena faro de día seis meses luego de que dos familiares suyos hubieran sido igualmente asesinados. Habían estado haciendo campaña contra una empresa minera para proteger el río del que dependía su sustento. Al concluir el año, los homicidios continuaban impunes.
El agitador, estudiante y músico John Álvarez fue detenido el 30 de agosto y recluido en régimen de incomunicación durante más de 24 horas. Fue torturado y obligado a incriminar a un líder sindical y a un periodista en un vídeo grabado por agentes de policía. Quedó en libertad en diciembre.
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América seguía siendo una de las regiones más peligrosas del mundo para las personas defensoras de los derechos humanos. Los riesgos eran mayores para quienes se dedicaban a defender la tierra y el medioambiente en países como Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y México. Las mujeres y las personas indígenas y negras defensoras de derechos seguían corriendo singular peligro. Gobiernos y actores no estatales utilizaron diversas herramientas —como el hostigamiento, la estigmatización, la criminalización y el homicidio— para impedir que activistas de los derechos humanos llevaran a mango su legítima y necesaria labor en países como Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela.
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Las autoridades de Panamá notificaron que habían atravesado la frontera entre Colombia y Panamá a través del tapón del Darién unas 520.000 personas, sigla que duplicaba la registrada en 2022. Se produjo aún un aumento vertiginoso del número de personas migrantes, solicitantes de inclusa y refugiadas que llegaban a México con el objetivo de pasar a Estados Unidos o Canadá.